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ESTADOS UNIDOS: Las demandas detrás de la bronca y el dolor: reformas penales y policiales

por Gabriela Monqaut

El racismo es estructural en Estados Unidos y, por lo tanto, impregna todos los ámbitos de la vida pública y privada, pero detrás de los gritos de bronca y angustia de la nueva ola nacional de protestas antiracistas que explotó en el país hay dos reclamos concretos y urgentes: reformas penales y policiales.

El asesinato de George Floyd por un policía blanco en Minneapolis que lo asfixió presionándole en cuello con su rodilla no solo volvió desnudar la brutalidad policial, sino también el hecho de que para los afroestadounidenses las consecuencias de sus actos suelen ser mucho peor y más injustas que para los blancos.

Floyd fue detenido porque intentó pagar con un billete falso de 20 dólares en un almacén. Esta semana, un profesor universitario de Texas recordó en Twitter como en 1994, en el estado de Massachussets, fue detenido por el mismo delito. Pasó una noche sin sobresaltos en la comisaría y, después de una probation (suspensión del juicio) de seis meses, la Fiscalía desestimó los cargos.

El profesor universitario es blanco.

Modificar las actitudes racistas de la sociedad, en este caso de los policías, es un cambio cultural que requerirá años. En lo inmediato, organizaciones afroestadounidenses y de derechos civiles piden que el Estado elimine o reforme las leyes y los procedimientos que facilitan las disparidades raciales o protegen a los que agreden y discriminan a las minorías.

Desde Nueva York, un especialista explicó a Télam cuáles son los principales reclamos hoy y las victorias más recientes:

Actualmente estamos pidiendo cambiar la ley 50 A, una ley administrativa que desde 2014 la alcaldía está usando para proteger a los policías, para que sus archivos disciplinarios no puedan ser compartidos con el público”, contó Anthony Posada de la unidad de Justicia Comunitaria de la organización Legal Aid Society, un estudio de abogados que desde 1876 ofrece ayuda legal gratuita.

“Esto significa que yo no puedo saber si los policías de mi vecindario tienen denuncias o fueron demandados o pagaron para cerrar un caso por abusos. Pedimos transparentar más la policía y ayudar a que las comunidades se sientan más seguras”, agregó Posada.

Otro reclamo que viene desde hace muchos años -y que Minneapolis aprobó ayer- es que la policía no pueda utilizar la táctica de ahorcamiento para detener a personas, como pasó en 2014 en Staten Island con Eric Garner, un hombre negro que llegó a decir 11 veces que no podía respirar antes de morir.

Ninguno de los policías involucrados fue imputado por el homicidio y solo uno fue despedido, recién el año pasado.

“Seguimos pidiendo que prohíban esa táctica, pero no hay cambios. El argumento favorito es que es una táctica necesaria para la seguridad del policía porque nunca sabe cuándo le podrían sacar su arma”, explicó el especialista de la organización que representó a la familia de Garner y quien no disimula su decepción con el alcalde Bill De Blasio, quien hizo campaña con la promesa de reforma policial, pero luego “defendió a la Policía como sus antecesores”.

El movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y organizaciones como Legal Aid Society sí se anotaron una victoria importante a principio de año, cuando el estado aprobó dos reformas penales, pese a fuertes campañas en contra de la Policía y la Fiscalía.

Hasta esa reforma, personas detenidas por delitos menores como no pagar el boleto de tren eran llevadas a la tristemente famosa cárcel de Rikers para esperar, hasta 15 días, su cita en los tribunales.

“Cuando llegaba el momento, la persona estaba bajo tanta presión y estaba tan desesperada por salir de ahí, que se declara culpable de algo, aún si no lo había hecho”, contó Posada, que llevó mucho de esos casos.

Además, la Fiscalía podía retener información clave como quiénes eran los testigos hasta el inicio del juicio, “por lo cual muchas veces era como navegar en la oscuridad total”, explicó el abogado.

“Con el nuevo sistema, la Fiscalía debe mostrar toda la información y, además, hay más delitos elegibles para que las personas puedan recibir simplemente una citación en la comisaría e irse. Fue un cambio muy importante y se hizo desde un lente de justicia racial porque el sistema de fianzas fue especialmente dañino para las comunidades más marginalizadas, las latinas, las afro, las indocumentadas”, agregó.

En Estados Unidos, los cambios vinculados a las policías dependen de los estados y las ciudades, pero el Gobierno federal también puede hacer algo.

Uno de los reclamos del movimiento Black Lives Matter es reducir los presupuestos de las policías y redirigir esos fondos a educación, vivienda y desarrollo económico en las comunidades más pobres, muchas veces, las afroestadounidenses, latinas y de mayoría de inmigrantes.

Los Ángeles, el caso más extremo, destina 3.140 millones de su presupuesto total de 10.500 millones de dólares para la Policía, por lejos la mayor partida de un distrito que aprobó solo 30 millones para “desarrollo económico” y que ya anunció un recorte de salarios de empleados civiles para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Las protestas de las comunidades negras no están logrando convencer a las autoridades locales ni al Gobierno federal de reducir las ayudas extras que envía a las policías, que entre 1990 y 2017 incluyeron 5.400 millones de dólares en equipamiento antes utilizado en las guerras en Afganistán e Irak.

Esto permitió convertir muchas fuerzas de seguridad en policías militarizadas, como se vio en la represión de las protestas antiracistas de Ferguson en 2014.

Trump sí amenazó con suspender esta ayuda, pero solo para presionar a las ciudades y estados que se niegan a entregarle información sobre inmigrantes sin documentos para permitir sus deportaciones.

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